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Al analizar la naturaleza social del profesorado, su papel (posición) en la estructura social nos encontramos con una construcción teórica que señala que existen tres papeles fundamentales del docente: el profesional, el proletario y el intelectual.

En líneas generales, para los primeros, el papel que desempeña el docente es una profesión, es decir, se trata de una ocupación que cumple una serie de requisitos de formación y ejercicio práctico y que por tanto ocupa una posición de clase media en la Sociedad (postura del funcionalismo).

Para los segundos, el papel que desempeña es de trabajador asalariado que está en vías de proletarización.

Y existe un tercer sector, minoritario y crítico, que considera que desempeña un papel de intelectual, asignándoles un importante papel en la transformación social.

El docente como profesional

Para analizar si el trabajo del docente es o no una profesión, Mariano Fernández Enguita señala que para ser considerado como un profesional hay que cumplir cinco características:

1. Competencia, entendido como pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Debe ser el producto de una formación específica, generalmente de nivel universitario. Su saber tiene un componente “sagrado” en el sentido de que no puede ser evaluado por los profanos, sólo el grupo de profesionales puede controlar el acceso de nuevos miembros, ya que sólo ellos pueden garantizar y evaluar su formación. Un elemento esencial para lograr la presunción de competencia es el uso y reconocimiento social de una jerga propia.

2. Vocación, ser llamado a una carrera determinada. Es un término cargado de un componente religioso, originariamente era la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión (observa que el término abogado procede de vocación->advocatio->Abogado). Tiene como connotaciones el servicio a sus semejantes y la prohibición de competir entre los miembros de la profesión.

3. Licencia, es el permiso para hacer algo. Este permiso es reconocido y protegido por el Estado. Es la contrapartida de su competencia técnica y su vocación de servicio.

4. Independencia, es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Los profesionales son doblemente autónomos: frente a las organizaciones y frente a los clientes.

5. Autorregulación, la acción de regularse a sí mismos, es decir, los profesionales son los que determinan las reglas o normas a que debe ajustarse su desempeño.



En este marco, analicemos si "el docente" podría considerarse profesional, en cuanto a la “competencia” se puede observar que depende de qué nivel docente se trata así:

El maestro de primaria tiene una competencia oficialmente reconocida como docente, pero al proceder de una enseñanza universitaria de ciclo corto tiene menos prestigio.

El profesor de secundaria, licenciado, posee una competencia reconocida en su especialización, pero no como docente (Por ello se exige el Curso de Adaptación Pedagógica o ahora un Master oficial).

El saber que manejan ambos no tiene nada de sagrado, ya que su trabajo es juzgado por personas ajenas al grupo profesional, además carecen de una jerga propia. En resumen tienen competencia, pero una competencia digamos más bien difusa.

En cuanto a "la vocación", según Fernández Enguita, se ha venido reconociendo a la práctica de la docencia un componente vocacional, pero el predominio del individualismo adquisitivo y la lógica del capitalismo ha originado que la imagen del licenciado que se dedica a la enseñanza se mueve entre alguien que ha renunciado a la ambición económica a favor de una vocación social y la de quien no ha sabido ni podido encontrar algo mejor. En todo caso, sigue diciendo este autor, “el docente es un asalariado”. En definitiva, una vocación también difusa.

Si analizamos si tiene "licencia", se puede observar que el cuerpo docente tiene licencia para evaluar y acreditar los conocimientos de su alumnado, pero no otorga, en exclusiva, la capacidad de enseñar, sino que la otorga circunscrita a la enseñanza reglada quedando para la no reglada una libertad amplia. Frente al cliente es la institución (la escuela) no el individuo (el enseñante), quien posee la licencia.

Respecto a la "independencia", se podría decir que las personas docentes son parcialmente independientes tanto frente a las organizaciones como frente a su público. Aunque, casi en su totalidad son personas asalariadas, o sea depende de quien les paga según contrato laboral (o relación estatutaria). Y respecto a su independencia frente a su público, los representantes legales de sus discentes (ya que suelen ser menores) tienen el derecho a participar en la gestión de los centros de enseñanza e influyen en su indenpendencia. Pero, por otra parte, los docentes tienen una cierta autonomía reconocida, en exclusividad, ya que tienen una mayoría asegurada en los órganos colegiados y además los titulares de los órganos de la Administración educativa son (o han sido) docentes.

Por último en cuanto a su capacidad de autorregulación, no controlan como “colegium” la formación de los nuevos miembros del grupo. No tienen mecanismos propios para juzgar a sus miembros en su desempeño o resolver conflictos internos. No tienen un código deontológico de la profesión como médicos o abogados. Sólo intervienen en el control de los mecanismos finales de acceso (oposiciones o selección), pero sólo bajo la tutela de la burocracia pública o los empleadores privados. Las asociaciones existentes en la enseñanza se ocupan de tareas reivindicativas, tal y como hacen los sindicatos autónomos y los ligados a centrales obreras. Con todo lo dicho: ¿se pueden considerar como profesionales?.

El docente como trabajador proletarizado

Un proletario es una persona que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo (no el resultado, sino su capacidad de trabajo) por un salario. Pero para ser útil para el capitalista debe producir un plusvalor (más de lo que recibe) pues sino, no crecería el capital invertido. Para asegurar que así sea, el capitalista controlará y organizará el resultado y el proceso de trabajo. Por consiguiente el trabajador perderá gradualmente el control sobre los medios, la capacidad de fijar objetivos o/y de determinar el proceso del trabajo. Y cuando esto ocurre en su grado máximo pasa a ser un proletario.

La proletarización es el proceso por el que un grupo de trabajadores pierde el control sobre esos recursos y aspectos de su trabajo.

Hace unos pocos decenios, en España, gran parte de los maestros eran más bien trabajadores autónomos que ponían por su cuenta escuelas en los pueblos, aunque con el apoyo de los Ayuntamientos en forma de cesión de locales o subvenciones para el alumnado sin recursos económicos (escuela privada unitaria). El/la maestro/a era a la vez trabajador/a y empresario/a, la terminología todavía presenta vestigios simbólicos de esto, por ejemplo cuando se refiere a la “plaza en propiedad”.

La extensión de la urbanización, la introducción de escuelas completas y graduadas, la expansión del sector público y luego la expansión del privado con subvenciones han hecho desaparecer al enseñante autónomo, reforzándose la figura del enseñante asalariado.

Asimismo, la creación de las escuelas con varios grupos de escolares supuso la división social del trabajo de la enseñanza, con la aparición de la jerarquización de los docentes, apareciendo las figuras de director, jefe de estudios, etc. Al mismo tiempo el grado de regulación de la enseñanza ha ido acentuándose. La Administración pública educativa ha pasado de imponer unos requisitos generales a especializar la enseñanza en unos programas docentes, determinando así las materias que deben impartirse en cada curso, las horas que se dedicarán y los temas de que se compondrá cada materia.

El/la educador/a ha ido, así, perdiendo progresivamente su capacidad de decidir cuál ha de ser el resultado de su trabajo, encorsetado cada vez más por los elementos directamente regulados por la normativa educativa: los contenidos de las asignaturas, horarios, programas, normas de rendimiento, métodos posibles,... E indirectamente por los exámenes públicos (o exámenes de Estado, reválidas, selectividad, etc.), por los requisitos de acceso del alumnado y los supuestos de base de sus pupilos para la enseñanza posterior.

En la actualidad, la figura del propietario del centro (en los colegios privados) o el Director (en los públicos) son los que van a interpretar y completar la normativa educativa para cada centro educativo. Así, el docente pierde tanto el control sobre el contenido, como sobre su proceso de trabajo, pierde autonomía que puede considerarse como un proceso de descualificación de su puesto de trabajo. Proceso que se refuerza por un lado, por la proliferación de especialidades y el confinamiento de los enseñantes en áreas o asignaturas y, por otro lado, por la delimitación de sus funciones que son atribuidas de forma separada a trabajadores específicos, desgajándose así de las competencias de todos: es el caso de la orientación, la educación especial, la atención psicológica, etc.

Finalmente a este proceso contribuyen también los fabricantes de libros de texto y otras mercancías educativas. El libro de texto especifica al profesor el conjunto de conocimientos que deberá impartir, la secuenciación de los mismos y la forma de impartirlos.

El docente situado en el sector privado produce un plusvalor del que se apropiarán sus empleadores. En cuanto a los que trabajan en el sector público producirán un plustrabajo, ya que su salario será siempre tendente al mínimo justificado por la permanente crisis fiscal del Estado.

El docente como trabajador semiprofesional

Para Fernández Enguita los docentes son semiprofesionales, es decir, son un grupo de asalariados, a menudo parte de las burocracias públicas, cuyo nivel de formación es similar al de los profesionales liberales. Están sometidos a la autoridad de sus empleadores pero luchan por mantener o ampliar su autonomía en el proceso de trabajo y sus ventajas relativas de distribución de la renta, el poder y el prestigio.